El juez español Baltasar Garzón afirmó que tenía la obligación de investigar los crímenes del franquismo porque “miles de personas aún siguen desaparecidas” en España, al defenderse ante el Tribunal Supremo, que ordenó seguir adelante con el juicio en su contra por esta decisión.
El juicio contra Garzón, que enfrenta un pedido de 20 años de inhabilitación, se reanudó después de que el Tribunal Supremo anunciara su decisión de rechazar, por 4 votos a favor y 3 en contra, el pedido de la Fiscalía y la defensa del magistrado de que el procesamiento sea archivado.
La decisión del Tribunal Supremo llama poderosamente la atención, ya que es infrecuente que no den cabida a un pedido coincidente de Fiscalía y defensa, las que el pasado martes plantearon la invalidez de las acusaciones de las organizaciones Manos Limpias y Libertad e Identidad.
Estas organizaciones ultraderechistas denuncian a Garzón de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta por declararse competente en 2008 para investigar los crímenes del franquismo.
Además, cuestionaron la imparcialidad del juez instructor Luciano Varela, por haber ayudado a corregir las acusaciones contra Garzón, cometiendo una ilegalidad, y solicitaron la aplicación de la llamada “doctrina Botín”, que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no acusa.
Al reanudarse el juicio, Garzón se negó a responder a las preguntas de la acusación, a la que deslegitimó, pero fue interrogado por su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, y el Fiscal Luis Navajo.
Desde el banquillo de los acusados, Garzón afirmó que asumió el caso del franquismo basándose la doctrina del propio Tribunal Supremo sobre el juicio al represor argentino Adolfo Sclingo, único condenado en España por crímenes de lesa humanidad.
También sostuvo que en su actuación siguió “los mismos criterios" que aplicó al ordenar la detención del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, decisión con la que obtuvo reconocimiento internacional.
“No hice nada distinto en el caso del franquismo que en el de Pinochet o Argentina”, subrayó el magistrado.
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