Migraciones, en Argentina, ha sido sinónimo de la existencia republicana de nuestro país, a pesar de los personajes que en diversos momentos las rechazaron.
Con la oleada migratoria de fines del siglo XIX e inicios del XX, surgieron las voces de escritores que expresaron su prejuicio frente a los italianos, los judíos y la mayoría de los que llegaban.
Esas voces reaparecieron en los años 50, cuando se calificó de “aluvión zoológico” a las migraciones internas que llegaban a Buenos Aires. De la misma manera, en los 90 resurge el discurso antimigratorio en el marco de la campaña diseñada para justificar el negociado de los DNI.
Lo que nunca había ocurrido es que el discurso xenófobo apareciera desde los responsables de la conducción política, donde siempre hubo un acuerdo tácito de no utilización del mismo con fines clientelistas. Lamentablemente, eso ocurrió hace pocos días: altas autoridades del gobierno metropolitano, frente a la ocupación ilegal de espacios públicos, trataron de desplazar culpas a la “falta de políticas migratorias”. O, peor, su preocupación porque la figura del “ilegal” no existía en la nueva ley de migraciones argentina.
Aquí enfrentamos a varios problemas. El primero, conceptual y de ignorancia sobre el tema.
La actual ley de migraciones, reconocida internacionalmente, comenzó a gestarse en 1999. En cinco años de búsqueda de consensos entre los gobiernos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales e internacionales y sindicatos, fue promulgada por unanimidad en el Congreso de la Nación. Seis años después, tras un trabajo de especialistas, fue reglamentada.
Por su parte, el “Plan sudamericano de desarrollo humano de las migraciones”, recién suscripto, enfatiza la no existencia de “personas ilegales”. La figura del “migrante ilegal”, desterrada por las Naciones Unidas hace más de veinte años, quizás pueda rastrearse en la derogada ley de la dictadura militar, basada en el principio
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